En los litigios relacionados con la conducción bajo los efectos del alcohol, uno de los aspectos más delicados se refiere a las consecuencias vinculadas a la tasa de alcoholemia acreditada y, sobre todo, a la gestión de la incautación y del decomiso del vehículo. En un caso que llevé personalmente, asistí a M., detenido durante un control de tráfico y sometido a comprobación con etilómetro, del que resultaba un valor superior a 1,5 g/l.
A raíz del control, se había acordado la incautación administrativa del vehículo y, posteriormente, la suspensión del permiso de conducir durante un largo periodo, con obligación de someterse a reconocimientos médicos. A pesar de que las comprobaciones sanitarias arrojaron un resultado plenamente favorable, mi asistido se encontraba en cualquier caso en una situación compleja: obligado a soportar costes elevados por la recuperación y el depósito del coche y sin una perspectiva clara sobre los plazos de resolución del asunto.
No todos los supuestos están despenalizados
Uno de los puntos centrales de la defensa fue aclarar un aspecto fundamental que a menudo se malinterpreta: no todos los supuestos de conducción bajo los efectos del alcohol han sido despenalizados. Solo los casos con una tasa de alcoholemia comprendida entre 0,5 y 0,8 g/l entran hoy en un ilícito administrativo. Cuando, en cambio, el valor supera 1,5 g/l, como en el caso de M., se configura un auténtico delito penal, con consecuencias relevantes tanto en el plano sancionador como en el de las medidas accesorias.
La estrategia defensiva: prueba y gestión del vehículo
Planteamos por tanto la defensa partiendo del análisis de la prueba: los resultados del etilómetro, que deben ser correctamente documentados y remitidos a la autoridad judicial, representan el elemento central de la comprobación. Paralelamente, gestionamos la situación relativa al vehículo, subrayando cómo, con la evolución normativa, el decomiso ha adquirido naturaleza administrativa, aunque sigue vinculado a un procedimiento penal.
En la práctica, esto significa que, aunque la gestión del decomiso esté encomendada al Prefecto, la decisión final depende del resultado del proceso penal. Mientras tanto, para evitar un sobrecoste excesivo por los gastos de depósito, activamos el procedimiento para obtener la entrega del vehículo, permitiendo a mi asistido recuperar su posesión, aunque asumiendo los gastos generados.
Resultado y conclusiones
La fase más importante fue la final: seguimos todo el procedimiento hasta su resolución, trabajando sobre la línea defensiva más eficaz en función de los elementos disponibles. Al término del juicio, conseguimos obtener un resultado favorable que evitó las consecuencias más gravosas, permitiendo a M. recuperar la disponibilidad del vehículo y reducir sensiblemente el impacto global del asunto.